Acción de inconstitucionalidad vs Ley Seguridad Interior

Escrito por Super User. Publicado en Principal

El pasado 19 de enero, senadoras y senadores de los grupos parlamentarios del PRD, PAN y PT, así como varios independientes, presentaron una Acción de inconstitucionalidad en contra de la aprobación y promulgación de la Ley de Seguridad Interior (LSI) ante la Suprema Corte de la Nación (SCJN), misma que ya ha sido admitida.

Ante la negativa del Presidente de la República de no promulgar dicha ley y atender los múltiples señalamientos de inconsistencias, ambigüedades y franco desapego a la Carta Magna, sólo quedó el camino de la Corte y será ésta la que determine si toda, partes o nada de la LSI es inconstitucional.

Se han presentado otras acciones de inconstitucionalidad ante la SCJN en contra de la Ley de Seguridad Interior, una presentada por diputadas y diputados federales de los grupos parlamentarios del PRD, PAN, PT y Morena; de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; del Partido Movimiento Ciudadano (ya desestimada por la SCJN) y las controversias constitucionales del Municipio de San Pedro Cholula (también desestimada por la SCJN) y la presentada por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Adicionalmente, hasta el 25 de enero, más de 650 amparos ciudadanos han sido promovidos ante Juzgados Federales en contra de la LSI y su aplicación.

De este modo, y como ninguna otra ley en la historia reciente de México, el rechazo que despertó la LSI continúa aún después de promulgada. Las organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos, Comisiones locales y nacional de los derechos humanos, diversas Universidades, expertos en la materia, partidos políticos, así como organismos internacionales como el Parlamento Europeo, la OEA e inclusive la ONU, se pronunciaron y actuaron en contra de la LSI y continúan haciéndolo, ahora, para demandar su inconstitucionalidad.

Las y los senadores firmantes de la acción de inconstitucionalidad sostenemos que la Ley de Seguridad Interior otorga al Presidente de la República y a las fuerzas armadas, facultades metaconstitucionales en violación a la norma suprema y a los derechos fundamentales de las personas. Consideramos, además, el procedimiento legislativo que llevó a la aprobación de la LSI, viola al artículo 73 constitucional porque ahí no se establece la competencia expresa del Congreso de la Unión para expedir una Ley de Seguridad Interior.

Otro argumento presentado por senadoras y senadores indica que se violan los artículos 39, 40, 41 y 49 de la Constitución, donde se indica que la soberanía reside en el pueblo, que el Estado mexicano es una República, representativa, democrática, federal y laica, por lo tanto, no puede establecerse un régimen militar de excepción como forma de gobierno o de Estado sin que se cumplan los extremos de los artículos 29, 119, 76 fracciones V y VI constitucionales.

Se viola, también, el artículo 29 de la Constitución al argumentar que las condiciones jurídicas y políticas de excepción en México o en alguna parte de su territorio, constitucionalmente sólo pueden darse a través del procedimiento de suspensión de derechos y garantías. No puede establecerse un régimen de excepción, transitorio o permanente, para emplear las fuerzas armadas y preservar el orden, o enfrentar riesgos y amenazas internas, bajo procedimientos legales que no se fundamentan en la Constitución.

Un argumento medular señala que una correcta interpretación del artículo 89 fracción VI, que dota al Ejecutivo de competencias para emplear las fuerzas armadas para la seguridad interior, sólo es compatible con lo dispuesto en los artículos 29, 119, 76 fracciones V y VI y 136 de la Constitución. No se puede interpretar de otra forma el artículo 89 fracción VI porque ello equivaldría a vulnerar el principio de división de poderes, el principio de control de los actos del ejecutivo, la soberanía de los Estados y el principio de municipio libre.

Estos son algunos de los argumentos jurídicos vertidos en la acción de inconstitucionalidad que, confirmo, ya ha sido admitida por la SCJN, junto a la presentada por diputadas y diputados. En el PRD defenderemos la necesidad de contar con instrumentos legales apegados plenamente a la Constitución e ir al fondo del tema de la inseguridad, así como plantear una ruta sería para que en el mediano plazo, las fuerzas armadas ya no sean requeridas para coadyuvar permanentemente en tareas de seguridad pública.

Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado de la República